El Ministerio de Infraestructura ya ha transferido 74 activos al sector privado, alcanzando una cifra de R$ 80 mil millones en inversiones contratadas. Además, a finales de octubre está programada la subasta de carreteras más grande del país, que implica la privatización de Via Dutra, que incluye la carretera Rio-Santos. El gobierno también está trabajando en licitaciones de concesiones para aeropuertos, que incluyen los terminales de Congonhas en São Paulo y Santos Dumont en Río de Janeiro, así como subastas para la privatización de la Companhia Docas do Espírito Santo y los puertos de Santos-SP, São Sebastião-SP e Itajaí-SC.
Como se sabe, el país no escapará del proceso actual de desindustrialización que lo condena a volver a la condición de proveedor de materias primas si no reestructura su infraestructura, lo que incluye mejorar los sistemas de carreteras y ferrocarriles, así como los puertos y aeropuertos. Para lograrlo, es necesario avanzar en programas de concesiones para atraer recursos nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, el país necesita avanzar en la reforma tributaria, eliminando las restricciones en la legislación y reduciendo la burocracia. Sin esto, es poco probable que los grandes inversores se sientan atraídos para hacer inversiones. Según el informe anual de Infra 2038, elaborado por la consultora Pezco Economics, Brasil necesita duplicar su nivel de inversión en infraestructura para alcanzar un nivel adecuado y dar un salto en la competitividad de la economía. Para ello, sería necesario una inversión estimada de R$ 339 mil millones al año hasta 2038, lo que situaría la infraestructura brasileña entre las 20 mejores del mundo en el ranking del Foro Económico Mundial de Ginebra, que suele acoger las famosas reuniones de Davos en Suiza. Pero eso no es lo que vemos. Según ese estudio, la inversión en infraestructura en Brasil cayó de R$ 122,4 mil millones a R$ 115,8 mil millones en 2020 debido a la pandemia, lo que equivale solo al 1,55% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando esta proporción debería ser al menos del 5,5%. India y China, por ejemplo, invierten más del 6% de su PIB anualmente. Para 2021, la proyección es que el valor aumente a R$ 137 mil millones, o el 1,69% del PIB, recuperando el nivel de 2019 pero aún por debajo del pico de principios de la década de 2000.
Obviamente, la inversión privada nacional y extranjera es esencial, pero es fundamental que la inversión pública también se realice de manera constante y creciente. Y el gobierno no debe limitarse solo a asignar recursos sin convertir el dinero en infraestructura, como fue el caso del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Sin contar que existen activos que no atraen la iniciativa privada, lo que significa que solo con inversiones públicas será posible llevarlos a cabo. Para tener una idea del rezago de Brasil en comparación con los países desarrollados, basta recordar que el índice nacional de ferrocarriles es de solo 3,57 km disponibles por cada 1000 km2 de territorio, mientras que en Japón, que tiene la mayor densidad del mundo, el índice es de 46,57, según el estudio citado. Brasil tiene solo 25 km de carreteras pavimentadas por cada 1000 km2 de área, lo que corresponde al 12,3% de la red vial nacional. En Estados Unidos son 438,1 km por cada 1000 km2 de área. En China son 359,9 km y en Rusia 54,3 km, según una investigación de la Confederación Nacional del Transporte (CNT) de 2016. Esto significa que hay mucho trabajo por delante.
Liana Lourenço Martinelli, abogada, posgraduada en Gestión de Negocios y Comercio Internacional, es la Gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Fiorde, compuesto por las empresas Fiorde Logística Internacional, FTA Transportes y Almacenes Generales, y Barter Comercio Internacional. Correo electrónico: fiorde@fiorde.com.br. Sitio web: www.fiorde.com.br
Volver al Blog