El proyecto de ley que crea el Programa de Estímulo al Transporte de Cabotaje (BR do Mar), legislación destinada a fomentar el cambio del transporte por carretera al transporte marítimo, aún está en el limbo en el Senado, después de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados a fines de 2020 y considerado prioritario por el equipo económico y el Ministerio de Infraestructura. Después de haber sido prometido para julio, la predicción actual es que debería ser aprobado para septiembre.
El programa tiene como objetivo aumentar la oferta de cabotaje, promover la competencia, crear rutas y reducir costos. Según datos del Ministerio de Infraestructura, el transporte marítimo de mercancías a lo largo de la costa ha estado creciendo un 10% anualmente. Sin embargo, con la aprobación de BR do Mar, sería posible aumentar este número al 30%, lo que ayudaría a equilibrar la matriz de transporte, estimular el uso de embarcaciones alquiladas, reducir costos y burocracia, aumentar la oferta y fomentar la competencia.
Según un estudio realizado por la Confederación Nacional de Transporte (CNT), se transportan anualmente 162,9 millones de toneladas a través del cabotaje, lo que representa el 11% del mercado, mientras que el sistema de carreteras es responsable del transporte del 62% de la carga. Reducir esta distorsión y minimizar el robo de cargas y los accidentes en las carreteras, así como disminuir los daños en la red vial, también están entre los objetivos del programa.
Además, la legislación busca simplificar las reglas para la navegación entre puertos y ampliar la flota de buques, promoviendo la competencia a través de cambios en las reglas para el alquiler de buques extranjeros. Según el proyecto original y las enmiendas agregadas por la Cámara de Diputados, las empresas de navegación no estarán obligadas a poseer sus propios buques, a diferencia de la legislación actual.
En teoría, esto contribuirá a aumentar la disponibilidad del servicio, ya que las empresas pueden alquilar barcos, incluidos los extranjeros, lo que ayudará a ampliar la capacidad de transporte. Este alquiler, en forma de contrato de tiempo (time charter), se puede hacer por seis meses, prorrogables por hasta 36 meses. La legislación también permitirá la contratación de tripulantes bajo la ley laboral extranjera, lo que no es posible en la actualidad.
Con la apertura del modal para la participación de buques extranjeros, se espera que los costos de flete disminuyan, lo que permitirá la migración de carga de las carreteras al cabotaje. Sin embargo, lo más importante es tener regularidad en el servicio porque el propietario de la carga necesita estar seguro de que la mercancía llegará a su destino según lo programado, lo que solo será posible si hay una oferta constante. Sin fiabilidad, está claro que el remitente seguirá confiando en el transporte por carretera. Y para el cabotaje, solo quedará parte de la carga de líquidos a granel, que tiene un gran volumen y bajo valor agregado.
Hasta ahora, no se han discutido puntos solicitados por la industria, como la reducción del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) para la compra de bunker, combustible para buques de gran calado. Actualmente, el bunker representa el 1/3 de los costos del cabotaje, mientras que los buques de larga distancia no están gravados. La industria también solicita una reducción de impuestos, como el Impuesto sobre Servicios (ISS), sobre pilotaje.
Obviamente, estas medidas pondrán fin a la industria de los astilleros, que, en realidad, no representa mucho, porque, según datos del Ministerio de Infraestructura, solo se construyeron cuatro barcos en diez años. Los trabajadores marítimos nacionales también podrían verse afectados. Del mismo modo, las empresas que ya han invertido en el país pueden verse afectadas por la nueva legislación, que permitiría la entrada al mercado de empresas extranjeras sin inversión, es decir, solo mediante el alquiler de buques extranjeros. Aparentemente, estos son los problemas que impiden que BR do Mar se haga realidad.
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