Comercio Exterior: Nueva Política en 2023

SÃO PAULO: Una encuesta realizada en abril por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) muestra que el 72% de las 163 empresas encuestadas confirmaron que su producción se vio afectada por la continuación de la huelga de los auditores fiscales federales de la Receita Federal, que comenzó a finales de 2021. El principal problema señalado fue la lentitud en el despacho de mercancías, tanto en importaciones como en exportaciones.

Según los datos de la CNI, entre los importadores, el 21,2% tuvo la producción interrumpida, casi tres veces más que el 7,8% registrado en una encuesta realizada en enero. Y el 23,9% informó retrasos en la entrega de mercancías, un índice superior al 7% registrado en enero. Entre los exportadores, el retraso en la exportación de mercancías aumentó del 23,4% al 40,2% de enero a abril. Por otro lado, la cancelación de contratos pasó del 1,8% al 7,6% en el mismo período.

Dado que ya existen numerosos obstáculos estructurales que dificultan la competitividad de los productos nacionales, la extensión de la operación estándar de los auditores fiscales ha agravado en gran medida la situación de las empresas brasileñas. Entre estos obstáculos se encuentran las consecuencias de la pandemia de coronavirus (COVID-19), que comenzó en enero de 2020, la congestión en los puertos, la falta de contenedores y las tarifas de flete en constante aumento.

A estos problemas debemos sumar otros bien conocidos, como los retrasos en las inspecciones de carga, los costos adicionales asociados al almacenamiento, la logística y la manipulación de carga, una mayor rigidez en las inspecciones de carga y el uso de canales de verificación, así como los retrasos en la concesión de Declaraciones de Tránsito Aduanero, la exigencia de más documentos, la suspensión de operaciones de envío y la depreciación de la carga.

Sin mencionar que el movimiento de huelga también ha dificultado el avance de la agenda de facilitación y modernización del comercio exterior, comprometiendo el desarrollo de programas estructurales y prioritarios para la industria, como el Operador Económico Autorizado (OEA) y el Portal Único de Comercio Exterior, ambos en proceso de implementación.

Por todas estas razones, se espera que el gobierno que surja de las urnas en octubre asuma una política de comercio exterior más definida, que pueda actuar como una herramienta de productividad y actualización tecnológica dentro de una estrategia más amplia que favorezca la expansión de la presencia de los productos industriales brasileños en el mercado exterior. Para lograrlo, esta política debe ir más allá de ser un mero instrumento de defensa de subsidios para compensar la ineficiencia del sistema productivo.

Por lo tanto, es fundamental que la política de comercio exterior del nuevo gobierno defienda firmemente los intereses nacionales, sin dejarse llevar por prejuicios ideológicos de derecha que pueden ser igual de perjudiciales para el país que los de izquierda, que, por ejemplo, en 2005, impidieron la formación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesta en 1994 por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, con el objetivo de eliminar las barreras aduaneras entre los 34 países del continente americano, formando así una zona de libre comercio que, combinada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sería el bloque económico más grande del mundo.

Parece claro que si el ALCA hubiera salido en 2005, el Mercosur habría tenido un mayor poder de negociación en las conversaciones con la Unión Europea (UE) para la firma de un acuerdo comercial y habría obtenido más concesiones de los europeos. Hoy en día, este acuerdo aún depende en gran medida de una revisión exhaustiva de la actual política del gobierno brasileño con respecto a la negligencia en cuanto a la deforestación, ya que la UE está proponiendo una prohibición de las importaciones por parte de las empresas de ese bloque de productos que promueven la devastación ambiental, lo que también impondría controles a las importaciones de carne bovina, aceite de palma, cacao y café, entre otros.

En otras palabras: lo que se espera es una política de comercio exterior seria y pragmática que estimule el crecimiento de la economía brasileña.

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Liana Lourenço Martinelli, abogada, posgraduada en Gestión Empresarial y Comercio Internacional, es Gerente de Gobernanza Ambiental, Social y Corporativa (ESG) del Grupo Fiorde, compuesto por Fiorde Logística Internacional, FTA Transportes y Almacenes, y Barter Comercio Internacional. Correo electrónico: lianalourenco@fiorde.com.br. Sitio web: fiorde.com.br.

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