BR do Mar: Prevaleció el Sentido Común

SÃO PAULO – Finalmente, el Congreso logró anular el veto presidencial al Régimen Tributario para el Incentivo a la Modernización y Ampliación de la Infraestructura Portuaria (Reporto), como se establece en el proyecto de ley que crea el Programa de Estímulo al Transporte de Cabotaje, más conocido como BR do Mar. Según las asociaciones empresariales, de confirmarse, el veto habría resultado en un «apagón de inversiones» en los puertos. Como resultado, la vigencia de Reporto, que se había interrumpido a fines del año pasado, se extiende hasta diciembre de 2023.

El desastre habría sido tan grande que el propio gobierno federal comprendió la locura de la medida y comenzó a abogar por la anulación del veto que él mismo había dado a Reporto, alegando que el régimen contradiría la Ley de Responsabilidad Fiscal. Como se sabe, Reporto suspende cuatro impuestos relacionados con la importación de maquinaria y equipos por parte de terminales portuarios: Impuesto de Importación, Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), Programa de Integración Social (PIS) y Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (Cofins).

Además de extender la duración de Reporto, los legisladores han decidido que el beneficio también se aplicará a las empresas de dragado, almacenes aduaneros en zonas secundarias y centros de formación profesional y capacitación multifuncional para trabajadores portuarios.

Según la justificación presentada por el presidente Jair Bolsonaro basada en la orientación del Ministerio de Economía, la propuesta incurriría en inconstitucionalidad y sería contraria al interés público, ya que implicaría una renuncia de ingresos. Sin embargo, al final prevaleció la orientación del Ministerio de Infraestructura, que aboga por mayores inversiones en puertos, carreteras y ferrocarriles.

El Congreso también rechazó el veto relacionado con el Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM), que establecía reglas para calcular el flete en la navegación. El gobierno argumentó que la disposición incurriría en inconstitucionalidad y sería contraria al interés público, ya que implicaría una renuncia de ingresos sin la presentación de la estimación del impacto presupuestario y las medidas compensatorias. Para la navegación de larga distancia, de cabotaje y fluvial y lacustre (cuando se transportan sólidos a granel y otras cargas en las regiones del Norte y Noreste), las tasas serán del 8%, mientras que para el transporte de líquidos a granel en los ríos y lagos de las regiones del Norte y Noreste, la tasa será del 40%.

El veto del presidente de la República al párrafo que establecía que la tripulación de estas embarcaciones debía estar compuesta por al menos 2/3 de brasileños fue mantenido por el Congreso. Con el veto, las embarcaciones alquiladas solo necesitan reservar obligatoriamente puestos como comandante, maestro de cabotaje, jefe de máquinas y operador de máquinas para brasileños.

Cabe destacar que estas decisiones del Congreso representaron una victoria para las entidades del sector portuario, especialmente la Federación Nacional de Operaciones Portuarias (Fenop), que incansablemente buscó mostrar a los congresistas la importancia del beneficio de Reporto para el crecimiento de los puertos y del país.

Según los cálculos de la Asociación Brasileña de Terminales Portuarios (ABTP), sin Reporto y con la incidencia de esos impuestos, los materiales de manipulación de carga experimentarían un aumento del 40% en los precios de importación, lo que podría llevar a una congelación de las inversiones de alrededor de R$2 mil millones, ya que sería necesario un reequilibrio de los contratos, considerando la validez de ese régimen tributario cuando se firmaron los contratos. Además, la incertidumbre jurídica aumentaría, lo que podría provocar una salida de inversores del país.

Dado esto, lo que se puede concluir es que hubo un gesto de grandeza por parte del Presidente de la República, que no dudó en dar marcha atrás en los vetos que había impuesto a varios elementos del proyecto BR do Mar. A partir de aquí, lo que se espera es que el país se beneficie en gran medida de estas medidas.

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Liana Lourenço Martinelli, abogada, postgraduada en Gestión de Negocios y Comercio Internacional, es Gerente de Gobernanza Ambiental, Social y Corporativa (ESG) en el Grupo Fiorde, que comprende Fiorde Logística Internacional, FTA Transport, Almacenes Generales y Barter Comercio Internacional. Correo electrónico: lianalourenco@fiorde.com.br. Sitio web: fiorde.com.br.

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